Multas LOPD a Telefonica

Dos son las multas que se han impuesto a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU en el Procedimiento Sancionador nº 429/2013 de la Agencia Española de Protección de Datos, mediante Resolución nº 2543/2013.

Una de estas multas asciende a 40.001 euros, al considerar la referida AEPD que dicha empresa habría vulnerado el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), incurriendo en sanción grave.

La otra es de 50.000 euros, también por una sanción grave, al infringirse el artículo 4.3 de la LOPD.

El artículo 6.1 LOPD recoge el principio de consentimiento, que quiere decir que cualquier tratamiento de datos deberá contar con el consentimiento  previo e inequívoco del afectado, sin perjuicio de las excepciones legales.

Por su parte el artículo 4.3 vulnerado se refiere al principio de calidad de los datos, por el cual los datos de carácter personal habrán de ser siempre exactos y puestos al día, de modo que respondan con veracidad a la situación actual del afectado.

¿Cuál fue entonces la conducta de TELEFÓNICA ESPAÑA, SAU, merecedora de ambas sanciones?

Se realizó un tratamiento de datos y se tuvo por hecha una contratación sin adoptar medida alguna para comprobar que la persona que solicitaba el alta de línea era quien decía ser (se realizó una petición de alta telefónicamente). No se le requirió para que aportara DNI ni documento identificativo alguno. De tal manera que la denunciada emitió dio un alta y emitió facturas a nombre de una persona que no había prestado su consentimiento expreso, por lo que el tratamiento de sus datos no fue ajustado a Derecho.

En relación con el principio de calidad de los datos, esto es lo que establece la resolución que comentamos:

En este caso, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. ha emitido diversas facturas asociadas a los datos personales de la denunciante sin que haya acreditado el consentimiento para el tratamiento de sus datos, permaneciendo una deuda que por otro lado da lugar a inclusión en ficheros de solvencia por tanto respecto a unas deudas que no pueden estimarse sean correctas, al no ser ciertas, veraces ni exigibles por no ser la denunciante la titular del servicio contratado, y ante el impago de las citadas facturas, esa entidad informó los datos personales al fichero de solvencia patrimonial ASNEF.

 

Incumplimiento LOPD


¿Existen los objetores de conciencia a la LOPD?

Dice el Diccionario de la lengua de nuestra Real Academia Española que objeción es razón que se propone o dificultad que se presenta en contra de una opinión o designio, o para impugnar una proposición.

Y si es objeción de conciencia, añade el diccionario de la RAE que significa:

Especialmente en el servicio militar, negativa a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos.

Pues bien, raro es el día en que yo, como asesora de LOPD y prevención de blanqueo de capitales, no me encuentro con cabreadísimos objetores de conciencia a la LOPD y a la LPBC. Pero sobre todo a la primera, supongo que por ser el servicio que más me demandan.

“¡Pues yo no me adapto, que me multen, que me metan en la cárcel, me da igual!”.

Eso me dicen, como si yo tuviera la culpa y yo hubiera inventado estas leyes.

Inadaptados.

Me gusta calmarlos con cariño y decirles que hacen bien, que si yo fuera ellos tampoco me adaptaría, que mira tú, pues para que venga un asesor de LOPD y te saque el dinero, yo prefiero irme a tomarme unas tapitas, que estás más ricas.

Me dicen que tengo toda la razón, y se van un poco menos disgustados, pero aún despotricando contra el gobierno, el poder y el maldito legislador.

Desde el punto de vista jurídico, en el ordenamiento español sólo hay una referencia a la objeción de conciencia, en relación con el servicio militar.

Así, el artículo 30.2 de la Constitución Española de 1978 establece que:

2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.

Esta objeción se reguló en la Ley 22/1998, de 6 de julio, hoy derogada, al suprimirse la obligatoriedad del servicio militar en España.

No obstante, y por curiosidad, veamos qué decía el artículo 1.2 de esta Ley:

Los españoles sujetos a obligaciones militares que, por motivos de conciencia en razón de una convicción de orden religioso, ético, moral, humanitario, filosófico u otros de la misma naturaleza, sean reconocidos como objetores de conciencia quedarán exentos del servicio militar, debiendo realizar en su lugar una prestación social sustitutoria.

Frente a quienes defienden que la objeción de conciencia es un derecho general reconocido en el artículo 16.1 de la CE (libertad ideológica y religiosa), tenemos la opinión del Tribunal Constitucional y la propia legislación, que ni mucho menos lo reconocen como tal, sino como una excepción que debe estar expresamente regulada en una norma.

A mí me parece estupendo lo de hacerse objetor de conciencia a la LOPD.

Y a la Ley del IRPF, a la del IVA, a la LPBC y similares.

En  materia de LOPD, yo hace poco he creado un registro oficial de objetores de conciencia LOPD, donde te puedes inscribir pagándome 30 euros al mes. Además de darte un título oficial en el que te declaras objetor de conciencia, ya no tendrás que cumplir la LOPD y no podrán multarte por ello.

Para más info pulsa aquí:

http://protecciondepatos.bligoo.es/registro-de-objetores-de-lopp

No hombre, no. Que es broma.

Enfádate todo lo que quieras con la LOPD y la LPBC, pero esto es como cualquier otra normativa que tienes que cumplir.

Ya somos todos mayorcitos para conocer cuáles son las consecuencias de los incumplimientos legales.

Haz lo que te apetezca, pero no me eches la bronca cada vez que me veas.

Lo siento mucho.

El sistema es así.

No lo he inventado yo.

 

Multa a Gas Natural

 

 

La Agencia Española de Protección de Datos ha multado con 50.000 euros(infracción grave) a la empresa Gas Natural Servicios SDG SAU, por vulneración del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

Se trata del Procedimiento sancionador nº 101/2013 y de la Resolución nº 1896/2013.

El artículo 6.1 de la citada LOPD, establece lo siguiente:

El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.

 

En esta caso, una comercializadora captó un cliente (el denunciante) y aportó sus datos personales a la denunciada, resultando que el cliente padecía graves trastornos de salud y no tenía capacidad para otorgar su consentimiento. De hecho, un juzgado dictó una sentencia de incapacitación en relación con el mismo.

Es destacable el hecho de que poco después de la denuncia que ahora comentamos, Gas Natural resolvió el contrato de servicios con la empresa de captación de clientes por prácticas irregulares como las de este asunto.

No obstante, y pese a todo, se gestionaron los contratos, se emitieron cargos y facturas contra el denunciante y se activó el servicio contratado. Gas Natural siguió haciendo tratamiento de los datos personales aportados por el cliente.

Como bien recuerda la Resolución que comentamos, el principio de consentimiento a la hora de recoger o tratar datos personales, es uno de los pilares básicos de la normativa de protección de datos, y resulta imprescindible para hacer efectivo el derecho fundamental de la intimidad de las personas.

Por ello, la persona tiene que haber consentido claramente la recogida y uso de sus datos, y tener pleno conocimiento de qué va a ser de ellos en cada momento.

Lo relevante del asunto es que el denunciante era una persona de 86 años, que sufría demencia degenerativa primaria vascular.

Fácil es imaginar cómo debieron transcurrir los hechos, protagonizados por uno de esos comerciales sin escrúpulos capaces de cualquier cosa para vender.

Por desgracia, conozco personalmente otros casos similares, protagonizados por empresas de lo más variopintas.

Las personas mayores con las facultades mentales disminuidas, son víctimas muy habituales de este tipo de estratagemas, que, entre otros ámbitos, son denunciables ante la Agencia Española de Protección de Datos.