Geolocalizacion y LOPD


En la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos nº 956/2013, dictada en el Procedimiento de declaración de infracciones de Administraciones Públicas nº AP/40/2012 se trata el tema de la geolocalización en relación con la normativa de protección de datos.

Por una denuncia presentada frente al Ayuntamiento de Dos Hermanas, la Agencia Española de Protección de Datos terminó dictando una resolución en la que se declaraba que el referido Ayuntamiento había infringido el artículo 5.1  de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (LOPD), incurriendo en una sanción leve. A consecuencia de ello, se requirió a la Administración local para que corrigiera la conducta contraria a Derecho.

¿Qué problema se planteó? Fue una cuestión con la que me he encontrado ya varias veces, en el caso de clientes de cierto tamaño que cuentan con importantes flotas de vehículos, como elementos esenciales para desarrollar su actividad (vehículos de comerciales, vehículos de transportes, vehículos para distribución de mercancías, etc…).

No son pocas las empresas que ven la necesidad de ejercer un control efectivo sobre estos instrumentos de trabajo, instalando GPS en los mismos para poder localizarlos en cada momento.

Justo este fue el supuesto que se planteo en el procedimiento contra el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

El Ayuntamiento lo que hizo fue instalar GPS en los vehículos de la policía local. ¿Y dónde está entonces el problema jurídico?

El problema jurídico está en que el Ayuntamiento no informó previamente de este hecho a los policías ni a las secciones sindicales, incurriendo en una vulneración del artículo 5.1 LOPD.

Este precepto, referido al derecho de información, indica claramente que:

Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.

¿Y acaso –podrás estar pensando- un GPS recoge datos de carácter personal de alguien?

Trata toda esta cuestión la resolución comentada, refiriéndose a un informe dictado anteriormente por los servicios jurídicos de la Agencia (informe de 28 de junio de 2012), y llegando a la conclusión de que la instalación de un GPS en vehículos para sistemas de geolocalización sí supone un tratamiento de datos referidos a personas que pueden ser perfectamente identificables (en el caso comentado, lo serían los agentes de policía que ocupan el vehículo en cada servicio). Así exactamente lo exponía la Agencia en el mencionado informe:

De los términos de la consulta parece que estamos ante un tratamiento automatizado de datos identificativos de las personas, por cuanto, aunque se manifiesta que el tratamiento aparece referenciado a los vehículos policiales, podemos deducir que cabrá la posibilidad de asociar la posición de los mismos con los miembros de la policía que estén haciendo uso de tales vehículos, su identidad.

Además, añade la resolución que estamos viendo que:

Como se refleja en el Informe Jurídico de esta Agencia arriba transcrito  estamos ante un tratamiento automatizado de datos de carácter personal porque es posible, sin un esfuerzo desproporcionado, asociar la posición de los vehículos policiales, su localización, con los miembros de la policía que estén haciendo uso de tales vehículos, su identidad.

Y en consecuencia, existiendo un tratamiento de datos personales, debió informarse a los afectados sobre todos los extremos citados en el artículo 5.1 LOPD, cosa que no se realizó.

Por tanto, mucho ojo si te has instalado o vas  a instalar este tipo de dispositivos en los vehículos que utiliza tu plantilla, pues deberás cumplir varios requisitos legales, entre ellos el deber de información.

Mejor asesórate, sobre todo porque no es probable que corras la misma suerte que un Ayuntamiento infractor: a ellos los requieren para que corrijan el defecto, a ti casi con toda seguridad, te multarán directamente.

Y claro, estamos hablando de multas comprendidas entre los 900 y los 40.000 euros.