Cesion de imagenes a Seguro

Cesion imagenes a aseguradora

Resulta muy interesante –por ser un supuesto que puede ocurrir en las instalaciones de cualquier empresa o negocio- el contenido del Informe Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos nº 20 del año 2014.

El informe da respuesta a la siguiente consulta: ¿Es conforme a la LOPD, la cesión de imágenes captadas por sistemas de videovigilancia a una empresa aseguradora, con objeto de acreditar un accidente?

Dicho de otro modo: si alguien sufre un siniestro en nuestro local o instalaciones, y el hecho se ha recogido por las cámaras de videovigilancia: ¿se puede entregar esa grabación a la compañía de seguros contratada que cubre el riesgo, con objeto de demostrar lo realmente sucedido?

La respuesta es sí.

Así lo razona la AEPD:

1º. La imagen es un dato de carácter personal y por tanto, está protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2º. La comunicación de un dato personal a persona distinta del titular, se considera por dicha norma como una cesión de datos (artículo 3.i LOPD).

3º. Toda cesión de datos se debe regir por lo dispuesto en el artículo 11 LOPD, que exige consentimiento previo, expreso e informado del interesado.

4º. No obstante, el artículo 11.2 hace algunas excepciones, entre ellas (apartado a) el hecho de que la cesión esté prevista en alguna Ley.

5º. En este punto, tenemos que el artículo 16 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, dispone lo siguiente:

“El tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario deberán comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. En caso de incumplimiento, el asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración.

(…) El tomador del seguro o el asegurado deberá, además, dar al asegurador toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. En caso de violación de este deber, la pérdida del derecho a la indemnización sólo se producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa grave.”

6º. Y precisamente por esto último, concluye la AEPD que la cesión de imágenes a la aseguradora es lícita, argumentando que:

“…si la cesión de las imágenes en las que se constata el accidente sufrido en las instalaciones del consultante, se efectúa a la compañía de seguros con la que el mismo tiene contratado el correspondiente seguro, dicha cesión de datos se encontraría amparada por lo previsto en el artículo 11.2.a de la Ley Orgánica 15/1999, al existir una norma con rango de Ley, la citada Ley de Contrato de seguro, de la que se deriva la obligación del asegurado de facilitar al asegurador toda la información relacionada con las circunstancias del siniestro.”

Fuentes accesibles al público

Listados de colegiados como fuentes accesibles al público

En el Informe jurídico nº 62/2009 de la Agencia Española de Protección de Datos, se da respuesta al siguiente interrogante:

¿Puede un Colegio Profesional de Abogados facilitar a un colegiado adscrito a dicho Colegio, copia de la lista de colegiados ejercientes que prestan servicios de justicia gratuita, con indicación del domicilio profesional?

La respuesta final es que sí.

No obstante, merece la pena leer el informe completo, para ver cómo evoluciona el razonamiento de la Agencia hasta alcanzar ese parecer.

Yo destacaría las siguientes notas del Informe:

1ª. Comencemos por recordar que el artículo 11.1 LOPD sólo permite la cesión de datos personales a un tercero –OJO- para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

He ahí el principio general.

El apartado 2º del precepto, ya prevé excepciones, supuestos en los que el consentimiento previo no sería necesario (y que no sea preciso el consentimiento no significa que no tenga que seguir cumpliéndose siempre el otro requisito, esto es: que la cesión se haga para cumplir fines propios del cedente y cesionario, detalle que suele olvidarse incluso por los propios Juzgados…).

2ª. Dos de las excepciones al consentimiento antes citado serían éstas:

a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.

b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.

3ª. Así, lo primero que se pregunta la AEPD en el informe de referencia, es si los listados de abogados adscritos a los servicios de justicia gratuita, son o no una fuente accesible al público. La respuesta es negativa, y se expresa en los siguientes términos (muy claros, por cierto):

Sin embargo, los datos a que alude la consulta, relativos a la lista de adscripción voluntaria de los colegiados a los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, regulados por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y cuya organización atribuye el artículo 22 de esta norma a los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios, a través de sus Juntas de Gobierno, no serían incluibles en el supuesto examinado de fuente accesible al público.

La AEPD nos recuerda que los supuestos de fuente accesible al público –en lo que a profesionales colegiados respecta- serían sólo los referidos en el artículo 3.j) LOPD: listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo.

4ª. No es, por tanto, por vía de la excepción del artículo 11.2.b) por la que la AEPD considera que los listados de adscritos a justicia gratuita, pueden ser cedidos a otros letrados, sino por vía de la excepción del párrafo a) del mismo precepto. Es decir: por imperativo legal.

5ª. Una norma con rango de Ley (Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y en particular su artículo 24) ampararía esta cesión –sin necesidad de consentimiento previo de los titulares de los datos-, y por tanto sería ajustada a derecho.

Comunidad propietarios y publicacion morosos

Publicacion listados morosos en tablon de anuncios

Hace unas semanas, el Administrador de una Comunidad de Propietarios, me preguntaba si podían publicar una lista de morosos, con nombres, apellidos y deuda, en un tablón de anuncios ubicados en un lugar accesible y de tránsito de público.

La respuesta debe ser negativa, ya que excedería de las previsiones de la Ley de Propiedad Horizontal.

Veamos, como ejemplo real, la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, nº 2688/2013, dictada en el Procedimiento Sancionador nº 280/2013.

Los hechos debatidos en ella consisten, precisamente, en la publicación por parte de una Asociación de Propietarios de una Urbanización, de un listado de personas supuestamente deudoras (nombres, apellidos, domicilio y deuda) en el tablón de anuncios ubicado en la fachada exterior de una vivienda, accesible desde la vía pública.

Por supuesto, los afectados no habían dado consentimiento de ningún tipo para la publicación del listado.

Considera la Agencia Española de Protección de Datos que se produce vulneración del artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el que se regula el deber de secreto o sigilo en lo que a los datos personales se refiere. Cualquier persona no interesada, podía en este supuesto acceder al listado, lo que se opondría a lo dispuesto en la citada norma.

Y no es excusa la alegación de que la publicación era necesaria para reclamar a los morosos por vía judicial, ya que la Ley de Propiedad Horizontal regula un procedimiento distinto para estos casos.

En definitiva, se impone a la Asociación una multa de 1.500 euros por la comisión de una infracción grave (la multa se atemperó mucho, eso sí).

Mucho cuidado, por tanto, con la forma en que se lleva a cabo la publicación de listados de morosos en tablones de anuncios.

Hacerlo a la ligera puede tener serias consecuencias.

Lo suyo es consultar antes con un abogado, que para eso estamos.