Publicidad no deseada

La Agencia Española de Protección de Datos creó hace poco una web sobre la publicidad no deseada, que se puede leer aquí:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/Publicidad_no_deseada/index-ides-idphp.php

Se trata de una cuestión que afecta a diario tanto a particulares como a empresas y ante la que muchas veces no sabemos reaccionar de forma correcta.

Recordemos que la publicidad con las que nos bombardean -un día sí y otro también- tanto por teléfono como por e-mail, no se adapta a la legislación vigente cuando no ha sido expresamente consentida por nuestra parte con carácter previo (salvo que hayas contratado un servicio o producto antes y te envíen publicidad sobre servicios o productos similares).

En resumen, esto es lo que nos sugiere la AEPD para defender nuestros derechos:

1º. Inscribirse en la lista Robinson (se puede hacer online): Las empresas que van a realizar campañas publicitarias deben antes consultar esta lista para no dirigirse a quienes estén inscritos en ella.

2º. Utilizar las fórmulas anti publicidad que proporcionan las propias empresas que la envían: marcación de la casilla específica de exclusión de publicidad o baja de publicidad a través de e-mail o web habilitada al efecto son las más habituales.

3º. No dar consentimiento para envíos publicitarios: muchas veces lo estamos dando de forma expresa al participar en concursos, aceptar ofertas o registrarnos en webs. Y ojo que el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos es mucho más duro con la forma de prestar el consentimiento, que deberá ser siempre expreso.

4º. Revocar: El consentimiento que dimos inicialmente para recibir publicidad, es revocable en todo momento. Hay que tener en cuenta que puedes cambiar tu voluntad al respecto cuando quieras, comunicándolo así al emisor de la publicidad.

5º. Ejercitar el derecho de oposición: Es un derecho expresamente reconocido por la normativa vigente y sirve para oponerte a que tus datos se usen con una determinada finalidad (por ejemplo: enviarte publicidad).

6º. Ejercitar el derecho de cancelación: Es otro derecho reconocido por Ley y es más tajante que el anterior. Se trata de pedir que eliminen nuestros datos, de forma que no puedan volver a dirigirse a nosotros.

7º. Solicitar que los datos no aparezcan en las guías telefónicas: Se le solicita al operador que hayamos contratado y deben hacerlo efectivo.

8º. Denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos: Cuando las demás fórmulas no sean eficaces, siempre se puede recurrir a este organismo, presentando la correspondiente denuncia.

 

Consentimiento e información

Reglamento europeo protección datos

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, hace especial énfasis en el tema de la información y  consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal.

Veamos en qué medida se regula esta cuestión y atendamos al tenor literal del considerando 39 del referido texto legal:

1º. Los tratamientos de datos serán siempre lícitos y leales: a la persona le tiene que quedar absolutamente  claro que sus datos se recogen o tratan y en qué medida.

2º. Se consolida el principio de transparencia. Según el mismo, cualquier información o explicación que se proporcione al interesado sobre el tratamiento de sus datos, será de fácil acceso y comprensión, con uso de lenguaje sencillo y claro.

3º. ¿Y sobre qué ha de quedar claramente informada la persona? Pues sobre la identidad del responsable del tratamiento, los fines del mismo, y sus derechos.

4º. Los datos que se recojan serán los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para el tratamiento que se pretende de los mismos.

5º. Los datos se conservarán por quien los recoja, durante el tiempo mínimo necesario para su tratamiento. Y se fijarán con exactitud cuánto van a durar los plazos de  conservación.

6º. En el tratamiento de los datos, siempre se habrá de garantizar la confidencialidad y seguridad de los mismos, impidiendo el acceso por personas no autorizadas.

7º. Por supuesto, el principio de consentimiento en el tratamiento de datos, es esencial: no se pueden recoger ni tratar datos sin contar antes con la autorización expresa del titular de la información, teniendo no obstante en cuenta, las excepciones legales.

8º. El hecho de que se haya prestado el consentimiento, tiene que poder ser demostrado por la persona o entidad que recoge y trata los datos. Por tanto, el consentimiento nunca se puede suponer. Literalmente, dice el Reglamento Europeo en su considerando 42 que:

“…debe proporcionarse un modelo de declaración de consentimiento elaborado previamente por el responsable del tratamiento con una formulación inteligible y de fácil acceso que emplee un lenguaje claro y sencillo, y que no contenga cláusulas abusivas. Para que el consentimiento sea informado, el interesado debe conocer como mínimo la identidad del responsable del tratamiento y los fines del tratamiento a los cuales están destinados los datos personales. El consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando el interesado no goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno.”

9º. Por supuesto, el principio de consentimiento, tiene una serie de excepciones, como:

  • Cuando sea necesario en el contexto de un contrato o de la intención de concluirlo.

 

  • Cuando exista una obligación legal.

 

  • Cuando sea necesario para proteger un interés esencial para la vida de la persona.

10º. Todo lo anterior se recoge expresamente en los artículos 5, 6, 12 y 13 del Reglamento Europeo.

INVALIDEZ ACUERDO PUERTO SEGURO

Acuerdo de Puerto Seguro

Con mucha frecuencia, empresas y profesionales recurren en la actualidad al uso de sistemas de almacenamiento de datos en la llamada “nube” de internet, para llevar a cabo copias de seguridad on line, entre otros muchos ejemplos.

En estos casos, se plantea muchas veces la situación de estar transfiriendo datos personales a terceros países, ya que los servidores físicos de esas “nubes” se encuentran fuera de España.

Un supuesto muy utilizado y conocido es DROPBOX, que cuenta con servidores en Estados Unidos.

Las transferencias internacionales de datos se regulan expresamente en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal. La norma general es que no están permitidas, salvo que se hagan a países que garanticen un nivel de protección equiparable al de la propia normativa española o estén autorizadas por la Agencia Española de Protección de Datos (artículo 33 LOPD).

No obstante, el artículo 34 LOPD, establece ciertas excepciones, de manera que –por ejemplo- para las transferencias de datos a terceros países cuando la empresa prestadora del servicio se había adherido al acuerdo de PUERTO SEGURO, no era necesario ningún requisito especial (autorización del Director de la Agencia).

Empresas como DROPBOX, están adheridas a dicho acuerdo, por el que se venía entendiendo que proporcionaba un nivel de seguridad suficiente y equiparable al de nuestro país.

Pero esta situación ha cambiado recientemente, a consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, publicada el pasado 6 de octubre, y que anula la Decisión de la Comisión 2000/520/CE, que estableció el nivel adecuado de protección de las garantías para las transferencias internacionales de datos a EEUU ofrecidas por el acuerdo de Puerto Seguro.

La consecuencia práctica es que ya no se puede entender que la transferencia internacional de datos que hacemos –por ejemplo nuevamente- mediante DROPBOX sea 100% lícita sin más garantías adicionales.

¿Quiere esto decir que no podemos seguir usando DROPBOX y sistemas asimilados?

Rotundamente, no.

Pero habrá que analizar en cada caso, para empezar, las excepciones del artículo 34 LOPD, por si pudiera darse alguna de ellas.

Ningún problema de plantea, por otra parte, cuando la transferencia se realiza a países miembros de la Unión Europea (artículo 34-k LOPD) o cuando el afectado haya prestado su consentimiento inequívoco para llevarla a cabo (artículo 34-e LOPD).

Insisto, por tanto, en la importancia de llevar a cabo una revisión y análisis en cada caso, para comprobar si la transferencia se está haciendo de forma correcta y si es necesario o no algún cambio o replanteamiento del sistema.